Sebastián

Bajo la defensa de la autonomía del Poder Judicial y proclamando defender el Estado de derecho La Junta de Fiscales Supremos y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales del Perú, acuerdan:
1.-Rechazar las contrarreformas aprobadas por el Congreso.
2.-Estar en contra de atentar el orden constitucional.
3.-Estar en contra de afectar la Autonomía del Ministerio Público.
4.-Cuestionar la desaparición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
5.-Estar en contra de la modificación del Código Penal.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado la suspensión de la discusión de la “ley de amnistía”. Por su parte la expresidenta del TC Marianella Ledesma invocó la aplicación del artículo 46 de la Constitución que es el derecho a la Insurgencia. Los trabajadores deben impulsar la lucha democrático burguesa, a la vez que levantan sus propias consignas:
1.-Gobierno de los Trabajadores.
2.-Abajo la dictadura cívico -mlitar de Dina Boluarte.
3.-Cierre del congreso.
4.-Asambleas Populares que erijan el Gobierno Provisional.
5.-Asamblea Constituyente.
6.- Libertad para Pedro Castillo y demás presos políticos.
7.- Sanción a los asesinos de 70 manifestantes y la urgente indemnización a sus familiares y a los más de 700 heridos.

Cuando el Estado peruano no ha terminado de dotar de agua a todo el país, se calcula que de 7 a 8 millones de peruanos no tienen acceso al agua (según la ONG Oxfam) a nivel nacional. Casi una cuarta parte de peruanos están expuestos a la insalubridad y las enfermedades entre ellas la diarrea y, en consecuencia, deficiencia alimentaria. Cuando el Estado peruano aún no termina la infraestructura para instalar el agua con eficiencia, calidad y extensión permanente del agua, se plantea su PRIVATIZACIÓN mediante el DL 1620. Se pretende, en suma, dividir la infraestructura de Sedapal en tres partes, para de esa manera privatizarla mejor. Dicen que no se privatizará porque será una Asociación Publico Privada (APP), pero ya sabemos que lo público (el Estado) es poner el dinero y lo privado es que se llevan las ganancias. Ellos saben que la privatización en otras partes del mundo fracasó, por eso crean una APP para que el Estado garantice las inversiones y los privados se lleven las ganancias. Por tanto, convierten un bien de servicios estatal en un bien de lucro privado. Además, al privatizar el agua, el DL 1620 también privatiza sus fuentes como son ríos, lagos, aguas subterráneas, cuencas hidrográficas de agua, etc.

El artículo 7 de la actual Constitución establece que: “El Estado reconoce el derecho humano universal y progresivo de toda persona de acceder al agua potable. Garantiza este derecho priorizando el consumo sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”. Por lo tanto, la única manera de hacer válida toda su perogrullada de la privatización del agua es modificando la actual Constitución con sus consabidas maniobras a que ya nos tienen acostumbrados.

Hasta ahora la lucha contra la privatización del agua la ha estado llevando solamente el sindicato de SUTESAL, ¿qué pasa con la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable, FENTASE, que hasta ahora está pintada en las vitrinas durante años?, y ¿qué decir de la CGTP? que hasta ahora no dice nada tampoco. Es una vergüenza estas centrales, bastaría un paro general contra la privatización del agua para que el Estado depierte de su modorra.

Por otra parte, como producto de la inversión privada en las minas, esta ha dejado abandonados en todo el territorio nacional cientos de relaves mineros cuyo costo debe correr a cuenta nuestra: es la política de Pepe el vivo. Pues bien, uno de esos relaves está cerca a San Mateo, es el relave de Tamboraque que está situado a pocos metros del río Rímac y amenaza contaminarlo. Hasta ahora Sedapal no ha hecho nada al respecto.