Márlet Ríos

Desde esta tribuna queremos denunciar las tropelías que se vienen cometiendo en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Decana de América. Al parecer un viento macartista e inquisitorial está dejando estragos y una de las primeras víctimas es la docente Rosa Carbonel Apolo (con una vasta experiencia como profesora, desde 1982), quien no fue ratificada como docente principal. Asimismo, se ha retirado –unilateralmente– el curso de Literatura infantil y juvenil. Los representantes del tercio estudiantil también han denunciado la actitud autoritaria del actual decano, doctor Gonzalo Espino. Con total desparpajo, en el último consejo de facultad vía Facebook, la máxima autoridad habló de “actos de terrorismo” que estarían detrás de actividades culturales de los alumnos de la facultad. Esto a raíz de un reciente evento cultural (proyección de un documental sobre libre mercado) interrumpido por las autoridades. Nuestra solidaridad con la poeta y profesora Rosa Carbonel y con los estudiantes.

Miranda

En estos últimos días hemos sido testigos de cómo se afianza el Estado conservador y fundamentalista del gobierno de Dina Boluarte, que no solo asesina indígenas y campesinos, sino que, a través de su Ministerio de Salud, ha publicado el Decreto Supremo 009-2024-SA, para denigrar una vez más a la comunidad LGTBIQ, recurriendo a artimañas para poner en vigencia algo como el CEI-10 que la OMS ya declaró obsoleto. Lo que quieren es perpetuar la patologización y la estigmatización de las identidades y las orientaciones sexuales, declarándolas enfermedades mentales. Hoy está vigente en el mundo, desde el 2019, el CEI-11 que aprobó la OMS en categorías diagnósticas y no trastornos mentales.

Mientras en otros países de la región están reconocidos todos los derechos para la comunidad LGTBIQ, en nuestro país retrocedemos 30 años. Esto no es una cuestión aislada, esta es parte de toda la arremetida que viene realizando la iglesia pentecostal a través de sus múltiples representantes que tienen en espacios de poder del Estado. En el Poder Legislativo no solo han archivado las propuestas de ley, sino que utilizan este espacio para derogar toda la política pública que fue la lucha de más de 40 años del movimiento feminista. Es impresionante como durante este año tenemos derogadas leyes como el uso del lenguaje inclusivo, la no enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos y la modificación de la ley de violencia. La propuesta de ley de matrimonio igualitario y la del reconocimiento del nombre simplemente han sido archivadas.

Negar la existencia de personas con una identidad diferente a la que propone la heteronormatividad para los fundamentalistas políticos religiosos va contra los preceptos de Dios. Y va en contra de reconocer su dignidad como personas y ciudadanos. Esta normatividad generará una situación devastadora contra la comunidad LGTBIQ, porque verá restringida la atención médica y los servicios de salud integral.

Este gobierno autoritario, conservador y fundamentalista lo que genera con este decreto supremo es perpetuar una visión arcaica que margina y hace blanco de agresiones físicas, emocionales y sociales a las minorías sexuales. Por eso debemos exigir su derogatoria y exigir el respeto irrestricto a los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ.

Exigimos la derogación del DS 009-2024-SA.

Pepe Velasco

El bien común humano está constituido por todo lo que es de dominio de nuestra especie, son todos los recursos naturales, lo producido por nuestro trabajo material y espiritual, prehistórico, histórico, económico, cultural y socialmente acumulado. Es para generar vida, regenerarla, sustentarla, mantenerla y revitalizarla; es para toda nuestra especie sin exclusión.

El bien común es universal, está constituido por todos los bienes existentes que provienen de la naturaleza. Somos parte del bien común universal.

Debemos recorrer el camino inverso, desde cuando trastocaron su finalidad; debemos recuperar el bien común de la especie humana, para todos los humanos para vivir en paz y felices; y, luego o simultáneamente, recuperar el bien común universal para vivir en armonía con la naturaleza.

La madre tierra no pertenece a los humanos, menos aún a unos pocos humanos. Nosotros pertenecemos a la madre tierra, esta no pertenece a ningún humano. La propiedad privada de los medios de producción es perniciosa y se probó que es muy destructiva cuando se establece y mantiene su posesión arbitraria y en dominio, sin respetar a la Pachamama; para matarla y matar a sus hijos.

Nacimos desnudos para ser felices y debemos morir calatos después de ser felices. Vivir como humanos libres, sin temores, con sabiduría, virtudes y con la ética de hacer a los demás lo que queremos que hagan con uno mismo.

NO TODO PARA UNOS POCOS CORRUPTORES CAPITALISTAS Y SUS SERVILES CORRUPTOS INHUMANOS.

EDITORIAL

Los imperialismos ejercen su dominación de acuerdo a sus zonas de influencia. El imperialismo yanqui, aunado al imperialismo europeo y al imperialismo japonés, es el que ejerce mayor dominio sobre el mundo, pero, es un dominio en decadencia. El imperialismo ruso que sitúa su dominio sobre algunos países de Europa oriental y de Asia que actúa conjuntamente con el imperialismo chino que fundamentalmente interviene sobre Asia, es el imperialismo en ascenso. Dado que el imperialismo yanqui domina los países de América Central, Sur y los países del Caribe, con excepción de Cuba, sufrimos su dominación. Por supuesto, que de acuerdo a quien esté en el poder en EE. UU. de Norteamérica se notan las diferencias, aunque estas no son absolutas. Por ejemplo, no es lo mismo que gobierne Joe Biden, representante de los demócratas, que Donald Trump que es un furibundo reaccionario colindante con el fascismo.

Actualmente, en Perú domina la gran burguesía, el poder es de los grandes empresarios (representados por el diario “El Comercio”), quienes avalados por el monopolio de las armas que ejercen las Fuerzas Armadas, ha desplazado a la burguesía nacional (representado por Velasco Alvarado y actualmente por el diario “La República”) . Estas dos facciones luchan por el poder, poniendo al país en una crisis sin salida. Estamos en una recesión con inflación, no salimos de la pobreza, más bien ésta ha aumentado al 30% es decir 11 millones de peruanos están al hambre. Esto es contando la pobreza monetaria, no se cuenta la pobreza física que es la falta de electricidad, de agua, etc. La educación, la salud, los servicios son un desastre, la inseguridad ciudadana se incrementa, se deja de cobrar impuestos a las grandes empresas y el presupuesto de la República disminuye. Pronto se recurrirá a los grandes empréstitos. Mientras tanto para hacer caja se recurre a las privatizaciones y a las empresas público privadas (APP).

Por lo tanto, la única solución es que un Gobierno de los Trabajadores tome el poder poniendo el país en función de sus intereses, planificando la economía estableciendo un plan de lucha que cambie la fisonomía del país.

Márlet Ríos

Al parecer la franquicia de McDonald’s en el Perú es ignorante de las normas de seguridad y salud en el trabajo, pues sus trabajadores corren el riesgo de resultar electrocutados en cualquier momento. Para Arcos Dorados los trabajadores son objetos desechables o fuerza de trabajo en obsolescencia. De este modo, incumple normas básicas y explota con total impunidad a sus “colaboradores”, haciéndolos trabajar más de 12 horas seguidas (para lograr el bono de productividad). A Moisés Cueva, extrabajador de esta franquicia, le volvió el alma al cuerpo cuando se recuperó luego de sufrir una fuerte descarga eléctrica la víspera de Noche Buena del 2023, en el preciso momento de estar limpiando en forma diligente. ¿Arcos Dorados supone que nos hemos olvidado de la trágica muerte de los dos jóvenes que resultaron electrocutados en enero de 2020 en su restaurante de Pueblo Libre? Según Cueva, los gerentes de la franquicia están al tanto de las condiciones de riesgo en la que se encuentran los trabajadores. Tal vez debamos hacerle sentir nuestra indignación en forma de boicot negándonos a consumir en sus locales. No más fast food (comida chatarra) ante esta negligencia criminal.

Miranda

Mujeres indígenas amazónicas, andinas y ecofeministas iniciaron una alianza para visibilizar los procesos de luchas en la defensa de sus cuerpos y territorios. El enfrentamiento que realizan las comunidades indígenas contra las empresas extractivistas que ingresan a sus territorios, más de las veces con el aval del Estado, es permanente, sin tomar en cuenta cómo afecta la vida de las mujeres y los hombres. La presencia de las empresas extractivistas conlleva que estas sean sometidas a una serie de situaciones que va desde la violencia sobre sus cuerpos, como el despojo de sus territorios.

En los últimos años, además de enfrentar a los extractivismos, ahora existen las economías ilegales que van en crecimiento. El Estado no asume su responsabilidad de protección a las comunidades indígenas; por el contrario, no se responsabiliza de lo que les pasa. La minería ilegal produce una serie de problemas, entre ellos, se apropia del cuerpo de las mujeres a través del secuestro de niñas, adolescentes y adultas para la trata. La denuncia que se realiza de la tala ilegal termina con la criminalización de las lideresas y la amenaza permanente, además del asesinato de dirigentes que se enfrentan en la defensa de sus territorios; otro gran problema es que estas mafias, en la mayoría de las situaciones, los obligan a abandonar sus tierras y entrar más hacia el monte. Frente a toda esta situación, la ciudadanía está ajena pensando que se trata del “problema” de los y las indígenas y no considerando el aporte en defensa de la Amazonía como un bien para la humanidad.

En el caso de las indígenas andinas, la lucha viene por la defensa del agua y las tierras agrícolas, la presencia de la gran minería que se apropia de sus territorios, de igual manera sin escrúpulos amenaza y ejerce violencia sobre las poblaciones indígenas. La contaminación del agua y el territorio ocasiona la muerte de sus animales, infertilidad de sus terrenos agrícolas y la afectación directa a la salud de las mujeres. Eso les conduce a la pobreza y a la presencia de enfermedades producto de la contaminación de metales. Tampoco es ajena la violencia de género que se ejerce por parte de los involucrados en la minería. De este modo, se propicia la trata de mujeres, el feminicidio y la violencia sexual.

Esto implica reconocer que las mujeres indígenas sufren de discriminación múltiple, a nivel individual por su condición como personas pertenecientes a pueblos indígenas; y por otro motivo como, por ejemplo: edad, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, discapacidad, condición de migrante; que el Estado no visibiliza de forma diferenciada, acrecentando las vulneraciones de las cuales las mujeres son víctimas.

La agenda de las mujeres durante estos años ha colocado en el espacio público la necesidad de reconocer su participación, estar libres de violencia, el reconocimiento a su participación en la defensa de su identidad cultural y su aporte a la defensa de la biodiversidad como guardianas del bosque y de las costumbres ancestrales.

Por esta razón, consideramos que el modelo económico neoliberal, patriarcal y colonialista solo pretende maximizar la rentabilidad del capital a costa de ignorar y sacrificar las condiciones de vida de las mujeres en sus comunidades indígenas directamente afectadas. Las empresas extractivistas solo están interesadas en la rentabilidad, no son capaces de reconocer el daño que producen en el cuerpo de las mujeres y en sus vidas. Al Estado, por su parte, tampoco le interesa la vida de las mujeres indígenas, en la medida en que son consideradas ciudadanas de segundo orden: solo le interesa demostrar que es un país rentable que apuesta por el desarrollo, gracias al extractivismo que impone a los pueblos indígenas, defensores de los bienes de la naturaleza, un modelo ajeno a su realidad.

Las mujeres organizadas en federaciones regionales y nacionales están convencidas de que, para lograr el respeto irrestricto de sus derechos individuales y colectivos, deben también articularse con otros movimientos nacionales e internacionales, para denunciar la violencia en sus comunidades y la persecución de sus lideresas defensoras de la naturaleza. Llamamos a ser parte de este proceso de lucha en defensa de la Amazonía y, especialmente, de la vida de las mujeres lideresas.

Dante Pfeiffer

Los poderes del estado empresarial supuran corrupción por todos lados y la miseria toca más puertas de los humildes y se queda a exprimirles lo poco que les queda de humanidad. Voces de las más prudentes, como el diplomático peruano Manuel Rodríguez Cuadros ha sentenciado que “el sistema político ha colapsado”¹ y no exagera, pues tenemos:

1.- Un Ejecutivo con un rosario de denuncias desde corrupción hasta asesinatos impunes. Un Legislativo capturado por radicales extremistas, en su mayoría representantes de los intereses de toda gama de burócratas, empresarios corruptores, sean ilegales, informales o legales que buscan medrar del país y sus recursos para mantener a la población vulnerable y sin derechos, como abnegados siervos coloniales. Un Poder Judicial que no se recupera de la proliferación política corrupta de “hermanitos”, “cuellos blancos” y organizaciones criminales que cooptan fiscales, jueces y abogados.

2.- Unas Fuerzas Armadas y Policiales fuertemente ideologizadas, capaces de procesar como parte de su deber la eliminación de civiles inermes, al punto de celebrar las matanzas como victorias; o filmarse “reventando” una universidad, al extremo de sentirse en un estado de heroicidad permanente, cuando en realidad están infectados de organizaciones criminales que engordan de manera alarmante y escandalosa las cifras referentes a la inseguridad ciudadana, con titulares de atracos, robos y asesinatos. La oficialidad de las FF. AA. hace muchas décadas ha ido fortaleciendo su origen de casta y actualmente se ha convertido en abiertamente deliberante y decisora de la política nacional, muchos de sus altos grados degeneran en componendas que se agudizan sin control por la facultad que tienen de ocupar escaños en el Congreso: no solo tienen el monopolio de las armas, sino que también han recuperado el privilegio de hacer política partidaria.

3.- Una Iglesia que, al margen de la gestión de donaciones y prácticas de caridad, cada vez más disminuidas, se ha recluido en sus conventos y negocios de labor social (escuelas, cementerios, terrenos, empresas, etc.); abandonando su tarea misionera y defensa de los más pobres. Esta institución también se encuentra desbordada por acusaciones de pederastia y abuso de toda índole. En el Perú, la orden de Sodalicio de Vida Cristiana no solo regurgita delitos de pederastia, violencia física y sicológica, sino que está inmiscuida en lavado de activos, usurpación de grandes extensiones de tierras y cuenta con poderosos vínculos en los distintos estamentos del poder en el país.

Entonces, si tenemos los poderes capitalistas que hieden miasmas en un estado de decadencia general ¿por qué los trabajadores no irrumpen en protestas masivas, derriban gobiernos y ponen a representantes de su clase en cada estamento de la sociedad?

Es que los trabajadores no solo hemos sufrido sistemáticamente los golpes cada vez más agresivos y violentos por parte de los gobiernos de turno, no solo no tenemos partidos políticos que representen a la clase trabajadora, sino que se nos soslaya o ignora. La ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante, la del pragmatismo neoliberal, la del “empredendurismo”, la del arribismo, la del ultraindividualismo, y la ignorancia supina, luego de 30 años, ha hegemonizado todos los espacios de organización de los trabajadores, corrompiendo sus filas, generando confusión y desmoralización. El derrumbe del socialismo real, la caída del estalinismo o socialismo en un solo país (y por lo tanto en ningún otro), la del burocratismo sindical en el mundo; y en el Perú, el levantamiento armado de los 80 de una organización reaccionaria y sectaria arropada de verborrea revolucionaria, han contribuido a la desorganización y desilusión de los trabajadores.

Nos encontramos en un retroceso y repliegue que no podemos remontar:

A. La caída y el encarcelamiento irregular del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 –que por ser de extracción campesina y sindical fue aborrecido desde el primer día de gobierno por los poderes fácticos– provocaron un estallido popular a nivel nacional. De este modo, fueron campesinos y trabajadores precarios los que se aglutinaron en las calles, pero los sindicatos de trabajadores fueron los grandes ausentes. El Gobierno optó por movilizar al Ejército y la policía provistos de armamentos letales de largo alcance con órdenes de matar, y con un discurso constante de satanización a los protestantes, apoyado por los principales medios de comunicación, calificando a los manifestantes de “terroristas”. El saldo: incontables heridos y más de medio centenar de muertos, acallando, con el terror, las protestas populares.

B. Las organizaciones políticas protestantes y disconformes no se reúnen en la actualidad por un programa, sino bajo un caudillo, sea Antauro, que conforma esa derecha populista de corte racial y fascista; o algunos que toman el nombre de Pedro Castillo ocultando sus intereses de clase; y otras organizaciones que buscan juntar a pequeños empresarios (comerciantes) o trabajadores bajo un programa gaseoso y vacilante; todas estas organizaciones no tienen el fin prioritario de forjar poder popular, sino surgen con estrictos fines electorales, a sabiendas de que los organismos electorales terminarán copados por el actual poder corrupto. En general, la gran mayoría de organizaciones políticas prefieren defender alguna política identitaria, sea de raza o de género; y se colocan en una posición “posmarxista”, rechazando la teoría marxista acusándola de reductiva y totalizadora, que no los defiende del patriarcado, del racismo y que niega la diversidad cultural², atomizando en la práctica y diluyendo aún más, la lucha popular.

C. Los sindicatos en la práctica han dejado de defender a la clase, salvo excepciones, defienden con tanta desesperación sus intereses personales, gremiales o de afiliados al punto de provocar enfrentamientos entre gremios en el sector estatal; u oponerse, en el sector privado, a que los beneficios económicos logrados en un pliego se puedan extender a los no sindicalizados, que son la mayoría de trabajadores; reculando a los principios con los cuales se originó el sindicalismo en el mundo.

D. Los trabajadores en general se encuentran abocados a sus trabajos o labores rutinarias de sobrevivencia o de desarrollo individual trabajando largas jornadas con sobretiempos; impotentes de prever o reaccionar al copamiento desembozado de poderes por parte de la lumpemburguesía o a un agudizamiento mayor de la pobreza y posibles explosiones inflacionarias. La percepción de que hay esperanzas en este sistema capitalista, a pesar del descalabro social y ambiental, todavía es medianamente alta.

E. Se sigue manteniendo, a pesar de la caída del régimen fujimorista, por más de 30 años la Constitución aberrante del 93, parchada descaradamente por el lumpemempresariado; manteniéndose una fuerte tendencia antipartido, que ha contribuido en la desorganización por parte de los trabajadores, por lo tanto, no hay ningún contrapeso y por eso la abierta corrupción, materializada en la unión de partidos extremistas conservadores y reaccionarios conocidos como “fujicerronistas” y no tienen ningún contrapeso político. Las diversas organizaciones populares, que han surgido desde este milenio, han estado abocadas al inmediatismo, a la carrera electoral, buscar alguna “cuota de poder” o simplemente un puesto en el sector público y hasta el momento no han cuajado como el contrapeso necesario para hacer frente a la burguesía o gran empresariado.

Nos encontramos en un estado que Gramsci lo definía como crisis orgánica, que es el punto en que los grupos sociales se separan de los partidos, la clase dominante se deslegitima y hay una crisis estatal en su conjunto; entonces el campo queda abierto a situaciones de fuerza, a la actividad de potencias oscuras representadas por hombres providenciales o carismáticos³, en nuestro caso por supuesto que no estamos en una situación revolucionaria, sino para perjuicio de los trabajadores, es la consolidación de la reacción, ya que el carácter más o menos revolucionario está dado por el nivel previo de autonomía y organización de la clase obrera, que actualmente se encuentra en una crisis de identidad.

¿QUÉ HACER?

Debemos fortalecer las organizaciones populares, sindicales, organizaciones de base, educándonos, formando cuadros políticos, fomentando actividades de apoyo mutuo y solidarias, de prensa sindical y popular, actividades culturales y coordinadoras de lucha que fomenten e incluyan en sus filas a organizaciones de trabajadores, es decir, desarrollar la conciencia de clase evidentemente debilitada por las tendencias disgregadoras arriba expuestas, sincerar la participación popular por medio del debate político, que no nieguen la participación de partidos políticos que sean favorables a los intereses de los trabajadores por encima del capital, rechazando de plano organizaciones empresariales; lo que no significa que no se pueda apoyar algún sector empresarial, ya que la situación actual amerita que no seamos indiferentes a la lucha interburguesa; analizando las consecuencias del apoyo o indiferencia que optemos, apoyar al sector menos cruel, que sea respetuoso de las formas, pero nunca que forme parte orgánica de nuestras filas; podemos luchar juntos en alguna causa común; sin embargo, no debemos permitir que ingresen a nuestras organizaciones, porque su poder inherente al capital corromperá y cooptará dirigentes populares de lo que tenemos desdichadas experiencias.

Los distintos partidos políticos favorables a los trabajadores deben participar de estas coordinadoras contribuyendo con la formación política de las organizaciones de trabajadores y puedan formar los cuadros políticos que necesitamos, cuajados en las discusiones teóricas y en las prácticas de lucha, antes de pensar en alguna carrera electoral y oportunista. Una medida favorable a los trabajadores, por ejemplo, es abocarnos en una lucha conjunta por alcanzar la renta básica universal que el desarrollo de las fuerzas productivas exige, así como la escala móvil de salarios y horas de trabajo; sin descuidar la defensa del medio ambiente para proteger el planeta de la depredación y expropiación por capitales privados.

Estas prácticas madurarán nuestra conciencia de clase con la consiguiente conformación de innumerables asambleas populares, que nos permitirá forjar ese poder popular encaminado a cumplir el deber histórico de lograr un Gobierno de trabajadores con una estructura política de democracia real e inclusiva, que ineluctablemente enterrará la estructura de democracia burguesa exclusiva y excluyente, que actualmente nos domina, discrimina, corrompe y nos mata.

Mientras tanto, para evitar que las organizaciones más reaccionarias y conservadoras ya corrompidas por el sistema logren construir poderosos feudos corruptos y dañinos tanto en provincias como en la capital, debemos apoyar a los representantes que defienden el espíritu de justicia en la legalidad burguesa y están medianamente a favor de una mejor distribución de la riqueza, contra la gran mayoría empresarial que busca crear sus propias leyes injustas, feudales y caóticas.

NOTAS:

1 Programa “A pensar más con Rosa María Palacios” del 13/05/2024 transmitido por Radio Santa Rosa.

2 Mark Coeckelbergh, La filosofía política de la inteligencia artificial. Ediciones Cátedra, 2023.

3 Juan Dal Maso. El marxismo de Gramsci. 1ra ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ediciones IPS 2019.

José Antonio Lapa Romero

Southern ha tenido y tiene un comportamiento obsesivo-compulsivo y una inmensa frustración con relación al proyecto Tía María, que ha conllevado imponer el proyecto desplegando la represión y la coerción estatal; poniendo en funcionamiento una enorme maquinaria de clientelismo y asistencialismo minero, y realizando permanente lobby en la institucionalidad estatal y representación política. La razón fundamental de la enfermiza insistencia está relacionada a los millones de dólares invertidos por casi dos décadas de proyecto frustrado y los efectos que produciría a la empresa el anuncio de paralización o inviabilidad del proyecto minero en el casino financiero donde cotiza, lo que la fuerza a insistir y a inventarse una legitimidad inexistente de manera permanente. No obstante, en una muestra de no memoria, esta transnacional olvida, de manera intencionada y consciente, la extendida violencia sobre los ciudadanos del valle de Tambo, la violación a los derechos humanos y las heridas abiertas aún no cerradas; mientras se presenta en el espacio público nacional e internacional como una empresa responsable socialmente y respetuosa de los derechos humanos.

La afirmación de los funcionarios de Southern de que las «condiciones sociales han mejorado» y que vienen trabajando de manera ardua con la población del valle de Tambo muestra esta realidad distorsionada que suele presentar para el público ingenuo, con la finalidad de construir cierta legitimidad inventada. Porque lo que sí viene ocurriendo en el valle de Tambo es la puesta en funcionamiento de la maquinaria de clientelaje y asistencialismo a través de empleos temporales, obras por impuestos, donación de abonos, acceso a cosechadoras de arroz, servicio de fumigación, atenciones de salud y la donación de mochilas para los niños de las escuelas, y regalos en las festividades y un largo etcétera que busca comprar la voluntad de los ciudadanos; y también, claro está, la maquinaria de cooptación a través de la captura de medios que se intensifica en momentos de mayor oposición y supuestas dirigencias capturadas y alineadas a los intereses de Southern. Es decir, han tejido relaciones mediadas por dinero con el objetivo de seguir inventándose una supuesta mayor aceptación del proyecto minero, bajo la denominación de «mejores condiciones sociales».

Así, la negada legitimidad y “mejores condiciones sociales” se ha vuelto a evidenciar en un reciente sondeo (inicios de mayo), realizado en los distritos de Cocachacra, La Punta y Dean Valdivia, el cual muestra que el 94 % no quiere el proyecto porque va a destruir la agricultura y va a contaminar el agua y las personas del valle, 4 % sí quiere el proyecto y un 2 % no opina. La respuesta de más de 300 entrevistados muestra una línea de continuidad con los resultados de la consulta popular del 2009 cuando el 96 % de la población manifestó su rechazo al proyecto minero de Southern. Es decir, hay un amplio sector social diverso cuya postura es inamovible y que se resiste al proyecto, a pesar de la debilitada representación social a partir de la criminalización y la violencia desplegada por el Estado.

Entonces, los anuncios de Southern de iniciar operación los próximos meses porque tienen “mejores condiciones” para el cual han trabajado “duramente” constituye una realidad inventada y abre el escenario para un potencial conflicto en un valle que continúa resistiendo y esperando justicia frente a la impunidad y la violencia producida contra sus ciudadanos durante casi dos décadas de enfermiza insistencia por parte de la empresa y el Estado, que hasta ahora ha olvidado su rol de garante de derechos y ha afirmado su rol de promotor de los interés mineros. Esto se ha intensificado con el actual ministro de Energía y Minas y el Gobierno, en un escenario de precios altos de los minerales que los empuja a intentar sacrificar nuevos territorios en el Perú.

Márlet Ríos

En nuestro país los sindicatos han sido sistemáticamente avasallados por la política antisindical, originada durante el régimen autoritario y propatronal de los 90. Una espada de Damocles se ha levantado, desde entonces, sobre los sindicalistas. Ciertamente, los cambios profundos en la organización científica del trabajo como la tercerización de servicios, la deslocalización, etc. son factores que debemos tomar en cuenta si queremos analizar las causas del declive de los gremios de trabajadores en nuestro país.

No obstante, es menester denunciar la actitud pasiva y oportunista de las principales centrales sindicales en nuestro país (CGTP, CUT, CTP, etc.). Al parecer, han arriado las banderas de la solidaridad de clase por la conveniencia y el acomodo con los gobiernos de turno. ¿Acaso las centrales sindicales han elevado su voz, conscientemente, para derogar el Decreto Legislativo 728, Ley de productividad y competitividad laboral? Esta ley, creada para abaratar los costos a las empresas y favorecer la sobreexplotación descarada de los proletarios, es la madre del cordero y uno de los factores de la debacle del sindicalismo en nuestro país. En nombre de la eficiencia y la productividad, se han sacrificado las conquistas históricas que a los trabajadores les costaron sangre y sudor (jornada de 8 horas, estabilidad laboral, etc.). La Constitución de 1993 refrendó el desmontaje de los derechos laborales. Para los empresarios mercantilistas y los poderosos gremios empresariales la palabra “sindicato” es una afrenta y una grave amenaza que se debe combatir a toda costa. No se nos olvida que los dueños de Topitop, por ejemplo, han intentado descabezar el sindicato más de una vez. En octubre del 2010, la solidaridad de clase y el internacionalismo proletario se pusieron en marcha para apoyar a los trabajadores de Topitop ante la embestida salvaje de la patronal¹.

Por otra parte, el sindicato de Molitalia actualmente viene denunciando prácticas antisindicales de la patronal (vulneración de las vitrinas informativas, maltrato a los afiliados, etc.). Los obreros han realizado un plantón el 30 de enero de este año, debido a la intransigencia y prepotencia de la empresa. Los afiliados del Sindicato de Trabajadores de Ripley, Sindicato Nacional de Obreros de Gloria, etc., también han sufrido el poderío de la patronal, a vista y paciencia de los gobiernos “democráticos”.

A los mercantilistas y defensores de un régimen hipercorrupto y liberticida se les olvida que, en nuestro país, el derecho de huelga está reconocido y avalado por los siguientes instrumentos: Constitución Política del Perú, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Protocolo de San Salvador.

En febrero de 2023, el Ministerio de Trabajo declaró improcedente la huelga nacional indefinida de la CGTP, programada para el 9 de febrero. Es decir, la grave vulneración de los derechos humanos, perpetrada por un Estado policial manchado de sangre por el asesinato de 70 personas, no es justificación suficiente para que los trabajadores eleven su voz de protesta. En el 2018, el Comité de Libertad Sindical (OIT) señaló lo siguiente en la Decisión 763: “Si bien las huelgas de naturaleza puramente política no están cubiertas por los principios de la libertad sindical, los sindicatos deberían poder organizar huelgas de protesta, en particular para ejercer una crítica contra la política económica y social del gobierno”².

SALIDAS

Ante el alza indiscriminada del costo de vida y las embestidas de la patronal, la solidaridad de clase es un arma poderosa para los trabajadores. No hay acuerdo nacional ni mesa tripartita de diálogo que valgan, si es que las centrales sindicales oficiales declinan deliberadamente la defensa de sus afiliados y de la clase trabajadora, la verdadera productora de la riqueza social. La autoorganización y la difusión de una prensa auténticamente prolaboral y a favor de un sindicalismo de clase son claves en tiempos de componendas y terrible crisis social.

NOTAS:

1 https://periodicohumanidad.wordpress.com/2010/10/11/una-cronica-de-la-accion-directa-del-09-de-octubre/

<small>2 https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_635185/lang–es/index.htm</small>

GILBERT ACHCAR

Artículo publicado en Viento Sur (https://vientosur.info)

Mientras el ejército israelí ultima sus preparativos para atacar la ciudad de Rafah, que acogió a más de la mitad de la población de Gaza tras su desplazamiento desde otras zonas de la Franja, es decir, a más de un millón de personas, las Fuerzas de Apoyo Rápido sudanesas se preparan para atacar la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, cuya población ha superado el millón de habitantes después de que nuevos desplazados se unieran a los anteriores. En ambos casos, la población local se enfrenta a una guerra genocida: una la libra un ejército sionista inspirado en un proyecto racista judío que pretende controlar toda Palestina y se basa en el genocidio acompañado de limpieza étnica, mientras que la otra la libran bandas armadas motivadas por ambiciones racistas tribales y árabes que pretenden controlar toda la región de Darfur (que tiene una superficie aproximadamente veinte veces mayor que la de Palestina entre el río y el mar) y también se basa en el genocidio acompañado de limpieza étnica.

Mientras nos enfrentamos al horror de la actual guerra genocida sionista en Gaza, que ha causado después de siete meses y una semana casi 45.000 muertos (teniendo en cuenta los cadáveres no identificados que siguen bajo los escombros, que ascienden a 10.000 según la estimación más baja), nos enfrentamos a una guerra que no es menos horrible en Darfur, si se mide por el número de muertos que se produjeron el pasado otoño sólo en la ciudad de El Geneina, en Darfur Occidental, donde un informe de la ONU estimó que entre 10.000 y 15.000 murieron a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido, de una población total de 150.000 personas. Este porcentaje es una advertencia de que el número de muertos en El Fasher podría alcanzar entre 60.000 y 100.000 si los agresores lo ocuparan, sobre todo teniendo en cuenta que la guerra genocida librada en Darfur bajo el mandato de Omar al-Bashir, a partir de 2003, dejó un número de muertos que alcanzó los 300.000 según las estimaciones de la ONU. Esto por no hablar de la magnitud de la catástrofe humanitaria, que en Sudán supera a la de Gaza, ya que el número de desplazados dentro y fuera del territorio sudanés supera los 8,5 millones, gran parte de los cuales están amenazados por una hambruna no menos horrible que la que amenaza ahora a la población de Gaza.

Si el ejército sionista ocupara Rafah tras asediarla sin que ninguno de sus residentes y desplazados allí se atreviera a salir por miedo a ser masacrados, como ocurre en El Fasher, el número de muertos no sería inferior al que le espera a la capital de Darfur del Norte. Pero la presión internacional sobre Israel, incluida la presión de su socio estadounidense en la guerra contra Gaza —influido por el asombroso movimiento mundial de solidaridad con el pueblo de Gaza, incluido el movimiento que partió de universidades estadounidenses—, ha obligado al Estado sionista a tratar de reducir el número de víctimas potenciales de su ataque contra Rafah pidiendo a los gazatíes que abandonen la ciudad y se trasladen a la zona costera «humanitaria» ampliada de Al-Mawasi, al oeste de la ciudad de Jan Yunis. Sin embargo, a diferencia de Gaza y Rafah, no existe ningún movimiento mundial en torno a la guerra en curso en Sudán ni interés alguno por el destino que aguarda a El Fasher, salvo algunos raros artículos en la prensa mundial.

Los partidarios de Israel interpretan esta diferencia de intereses como derivada del «antisemitismo», en el sentido de hacer responsable al Estado «judío» de normas más estrictas que las que se aplican a otros países. La verdad es que el mundo occidental se preocupa por Israel por «compasión narcisista», ya que ve al Estado sionista como una cuña occidental en el flanco del Oriente árabe. Es esta «compasión narcisista» la que lleva a los medios de comunicación occidentales a prestar mucha más atención a las víctimas del 11 de septiembre, que fueron aproximadamente 3.000, y a las víctimas del 7 de octubre, que fueron 1.143 del lado israelí, que a los millones de víctimas que han caído y siguen cayendo en las guerras del África subsahariana en particular. Pero la identificación occidental con Israel, que es básicamente «compasión narcisista», se vuelve en su contra, ya que las personas de buena conciencia de la opinión pública occidental le exigen responsabilidades del mismo modo que a sus propios gobiernos.

Así, el movimiento contra la guerra de Estados Unidos contra Vietnam en los países occidentales superó con creces al movimiento contra la guerra rusa contra Ucrania. Esto se debe a que quienes están en contra de la guerra en Occidente vieron que la responsabilidad de la primera recaía en el país occidental más poderoso, mientras que no sienten una responsabilidad similar por lo que está haciendo el Estado ruso. La razón por la que su interés por la embestida de Israel contra Gaza es mucho mayor que su interés por lo que está ocurriendo en Darfur es su conciencia de que el Estado sionista es una parte orgánica del campo occidental, y que su agresión contra el pueblo palestino no habría sido posible sin la participación de Estados Unidos. Esto es lo que Mahmoud Darwish quiso decir a la poeta israelí Helit Yeshurun, durante una entrevista que le realizó en 1996: «¿Sabes por qué los palestinos somos famosos? Porque ustedes son nuestros enemigos. El interés por la cuestión palestina surge del interés por la cuestión judía. Sí. La gente se interesa por ustedes, no por mí… ! El interés internacional por la cuestión palestina no hace sino reflejar el interés de la gente por la cuestión judía.”

Esta es la verdad, pero no nos absuelve a nosotros, los árabes, de la culpa de «compasión narcisista» al mostrar interés por lo que el Estado sionista está haciendo a nuestros hermanos y hermanas palestinos, utilizando armas proporcionadas por los Estados Unidos de América, pero indiferencia ante lo que las bandas árabes están haciendo a los pueblos africanos no árabes en Darfur, utilizando armas proporcionadas por los Emiratos Árabes Unidos. Las personas de buena conciencia que se adhieren a los valores humanistas deben denunciar los crímenes que tienen lugar en Darfur y Sudán, al igual que denuncian los crímenes que tienen lugar en Gaza y Palestina.

Traducido por César Ayala de la versión en inglés localizada en https://gilbert-achcar.net/genocidal-war-and-solidarity. El original árabe fue publicado en Al-Quds al-Arabi el 14 de mayo de 2024.