José Antonio Lapa Romero
Southern ha tenido y tiene un comportamiento obsesivo-compulsivo y una inmensa frustración con relación al proyecto Tía María, que ha conllevado imponer el proyecto desplegando la represión y la coerción estatal; poniendo en funcionamiento una enorme maquinaria de clientelismo y asistencialismo minero, y realizando permanente lobby en la institucionalidad estatal y representación política. La razón fundamental de la enfermiza insistencia está relacionada a los millones de dólares invertidos por casi dos décadas de proyecto frustrado y los efectos que produciría a la empresa el anuncio de paralización o inviabilidad del proyecto minero en el casino financiero donde cotiza, lo que la fuerza a insistir y a inventarse una legitimidad inexistente de manera permanente. No obstante, en una muestra de no memoria, esta transnacional olvida, de manera intencionada y consciente, la extendida violencia sobre los ciudadanos del valle de Tambo, la violación a los derechos humanos y las heridas abiertas aún no cerradas; mientras se presenta en el espacio público nacional e internacional como una empresa responsable socialmente y respetuosa de los derechos humanos.
La afirmación de los funcionarios de Southern de que las «condiciones sociales han mejorado» y que vienen trabajando de manera ardua con la población del valle de Tambo muestra esta realidad distorsionada que suele presentar para el público ingenuo, con la finalidad de construir cierta legitimidad inventada. Porque lo que sí viene ocurriendo en el valle de Tambo es la puesta en funcionamiento de la maquinaria de clientelaje y asistencialismo a través de empleos temporales, obras por impuestos, donación de abonos, acceso a cosechadoras de arroz, servicio de fumigación, atenciones de salud y la donación de mochilas para los niños de las escuelas, y regalos en las festividades y un largo etcétera que busca comprar la voluntad de los ciudadanos; y también, claro está, la maquinaria de cooptación a través de la captura de medios que se intensifica en momentos de mayor oposición y supuestas dirigencias capturadas y alineadas a los intereses de Southern. Es decir, han tejido relaciones mediadas por dinero con el objetivo de seguir inventándose una supuesta mayor aceptación del proyecto minero, bajo la denominación de «mejores condiciones sociales».
Así, la negada legitimidad y “mejores condiciones sociales” se ha vuelto a evidenciar en un reciente sondeo (inicios de mayo), realizado en los distritos de Cocachacra, La Punta y Dean Valdivia, el cual muestra que el 94 % no quiere el proyecto porque va a destruir la agricultura y va a contaminar el agua y las personas del valle, 4 % sí quiere el proyecto y un 2 % no opina. La respuesta de más de 300 entrevistados muestra una línea de continuidad con los resultados de la consulta popular del 2009 cuando el 96 % de la población manifestó su rechazo al proyecto minero de Southern. Es decir, hay un amplio sector social diverso cuya postura es inamovible y que se resiste al proyecto, a pesar de la debilitada representación social a partir de la criminalización y la violencia desplegada por el Estado.
Entonces, los anuncios de Southern de iniciar operación los próximos meses porque tienen “mejores condiciones” para el cual han trabajado “duramente” constituye una realidad inventada y abre el escenario para un potencial conflicto en un valle que continúa resistiendo y esperando justicia frente a la impunidad y la violencia producida contra sus ciudadanos durante casi dos décadas de enfermiza insistencia por parte de la empresa y el Estado, que hasta ahora ha olvidado su rol de garante de derechos y ha afirmado su rol de promotor de los interés mineros. Esto se ha intensificado con el actual ministro de Energía y Minas y el Gobierno, en un escenario de precios altos de los minerales que los empuja a intentar sacrificar nuevos territorios en el Perú.
