Sebastián

Bajo la defensa de la autonomía del Poder Judicial y proclamando defender el Estado de derecho La Junta de Fiscales Supremos y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales del Perú, acuerdan:
1.-Rechazar las contrarreformas aprobadas por el Congreso.
2.-Estar en contra de atentar el orden constitucional.
3.-Estar en contra de afectar la Autonomía del Ministerio Público.
4.-Cuestionar la desaparición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
5.-Estar en contra de la modificación del Código Penal.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado la suspensión de la discusión de la “ley de amnistía”. Por su parte la expresidenta del TC Marianella Ledesma invocó la aplicación del artículo 46 de la Constitución que es el derecho a la Insurgencia. Los trabajadores deben impulsar la lucha democrático burguesa, a la vez que levantan sus propias consignas:
1.-Gobierno de los Trabajadores.
2.-Abajo la dictadura cívico -mlitar de Dina Boluarte.
3.-Cierre del congreso.
4.-Asambleas Populares que erijan el Gobierno Provisional.
5.-Asamblea Constituyente.
6.- Libertad para Pedro Castillo y demás presos políticos.
7.- Sanción a los asesinos de 70 manifestantes y la urgente indemnización a sus familiares y a los más de 700 heridos.

Cuando el Estado peruano no ha terminado de dotar de agua a todo el país, se calcula que de 7 a 8 millones de peruanos no tienen acceso al agua (según la ONG Oxfam) a nivel nacional. Casi una cuarta parte de peruanos están expuestos a la insalubridad y las enfermedades entre ellas la diarrea y, en consecuencia, deficiencia alimentaria. Cuando el Estado peruano aún no termina la infraestructura para instalar el agua con eficiencia, calidad y extensión permanente del agua, se plantea su PRIVATIZACIÓN mediante el DL 1620. Se pretende, en suma, dividir la infraestructura de Sedapal en tres partes, para de esa manera privatizarla mejor. Dicen que no se privatizará porque será una Asociación Publico Privada (APP), pero ya sabemos que lo público (el Estado) es poner el dinero y lo privado es que se llevan las ganancias. Ellos saben que la privatización en otras partes del mundo fracasó, por eso crean una APP para que el Estado garantice las inversiones y los privados se lleven las ganancias. Por tanto, convierten un bien de servicios estatal en un bien de lucro privado. Además, al privatizar el agua, el DL 1620 también privatiza sus fuentes como son ríos, lagos, aguas subterráneas, cuencas hidrográficas de agua, etc.

El artículo 7 de la actual Constitución establece que: “El Estado reconoce el derecho humano universal y progresivo de toda persona de acceder al agua potable. Garantiza este derecho priorizando el consumo sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”. Por lo tanto, la única manera de hacer válida toda su perogrullada de la privatización del agua es modificando la actual Constitución con sus consabidas maniobras a que ya nos tienen acostumbrados.

Hasta ahora la lucha contra la privatización del agua la ha estado llevando solamente el sindicato de SUTESAL, ¿qué pasa con la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable, FENTASE, que hasta ahora está pintada en las vitrinas durante años?, y ¿qué decir de la CGTP? que hasta ahora no dice nada tampoco. Es una vergüenza estas centrales, bastaría un paro general contra la privatización del agua para que el Estado depierte de su modorra.

Por otra parte, como producto de la inversión privada en las minas, esta ha dejado abandonados en todo el territorio nacional cientos de relaves mineros cuyo costo debe correr a cuenta nuestra: es la política de Pepe el vivo. Pues bien, uno de esos relaves está cerca a San Mateo, es el relave de Tamboraque que está situado a pocos metros del río Rímac y amenaza contaminarlo. Hasta ahora Sedapal no ha hecho nada al respecto.

Márlet Ríos

Desde esta tribuna queremos denunciar las tropelías que se vienen cometiendo en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Decana de América. Al parecer un viento macartista e inquisitorial está dejando estragos y una de las primeras víctimas es la docente Rosa Carbonel Apolo (con una vasta experiencia como profesora, desde 1982), quien no fue ratificada como docente principal. Asimismo, se ha retirado –unilateralmente– el curso de Literatura infantil y juvenil. Los representantes del tercio estudiantil también han denunciado la actitud autoritaria del actual decano, doctor Gonzalo Espino. Con total desparpajo, en el último consejo de facultad vía Facebook, la máxima autoridad habló de “actos de terrorismo” que estarían detrás de actividades culturales de los alumnos de la facultad. Esto a raíz de un reciente evento cultural (proyección de un documental sobre libre mercado) interrumpido por las autoridades. Nuestra solidaridad con la poeta y profesora Rosa Carbonel y con los estudiantes.

Miranda

En estos últimos días hemos sido testigos de cómo se afianza el Estado conservador y fundamentalista del gobierno de Dina Boluarte, que no solo asesina indígenas y campesinos, sino que, a través de su Ministerio de Salud, ha publicado el Decreto Supremo 009-2024-SA, para denigrar una vez más a la comunidad LGTBIQ, recurriendo a artimañas para poner en vigencia algo como el CEI-10 que la OMS ya declaró obsoleto. Lo que quieren es perpetuar la patologización y la estigmatización de las identidades y las orientaciones sexuales, declarándolas enfermedades mentales. Hoy está vigente en el mundo, desde el 2019, el CEI-11 que aprobó la OMS en categorías diagnósticas y no trastornos mentales.

Mientras en otros países de la región están reconocidos todos los derechos para la comunidad LGTBIQ, en nuestro país retrocedemos 30 años. Esto no es una cuestión aislada, esta es parte de toda la arremetida que viene realizando la iglesia pentecostal a través de sus múltiples representantes que tienen en espacios de poder del Estado. En el Poder Legislativo no solo han archivado las propuestas de ley, sino que utilizan este espacio para derogar toda la política pública que fue la lucha de más de 40 años del movimiento feminista. Es impresionante como durante este año tenemos derogadas leyes como el uso del lenguaje inclusivo, la no enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos y la modificación de la ley de violencia. La propuesta de ley de matrimonio igualitario y la del reconocimiento del nombre simplemente han sido archivadas.

Negar la existencia de personas con una identidad diferente a la que propone la heteronormatividad para los fundamentalistas políticos religiosos va contra los preceptos de Dios. Y va en contra de reconocer su dignidad como personas y ciudadanos. Esta normatividad generará una situación devastadora contra la comunidad LGTBIQ, porque verá restringida la atención médica y los servicios de salud integral.

Este gobierno autoritario, conservador y fundamentalista lo que genera con este decreto supremo es perpetuar una visión arcaica que margina y hace blanco de agresiones físicas, emocionales y sociales a las minorías sexuales. Por eso debemos exigir su derogatoria y exigir el respeto irrestricto a los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ.

Exigimos la derogación del DS 009-2024-SA.

Pepe Velasco

El bien común humano está constituido por todo lo que es de dominio de nuestra especie, son todos los recursos naturales, lo producido por nuestro trabajo material y espiritual, prehistórico, histórico, económico, cultural y socialmente acumulado. Es para generar vida, regenerarla, sustentarla, mantenerla y revitalizarla; es para toda nuestra especie sin exclusión.

El bien común es universal, está constituido por todos los bienes existentes que provienen de la naturaleza. Somos parte del bien común universal.

Debemos recorrer el camino inverso, desde cuando trastocaron su finalidad; debemos recuperar el bien común de la especie humana, para todos los humanos para vivir en paz y felices; y, luego o simultáneamente, recuperar el bien común universal para vivir en armonía con la naturaleza.

La madre tierra no pertenece a los humanos, menos aún a unos pocos humanos. Nosotros pertenecemos a la madre tierra, esta no pertenece a ningún humano. La propiedad privada de los medios de producción es perniciosa y se probó que es muy destructiva cuando se establece y mantiene su posesión arbitraria y en dominio, sin respetar a la Pachamama; para matarla y matar a sus hijos.

Nacimos desnudos para ser felices y debemos morir calatos después de ser felices. Vivir como humanos libres, sin temores, con sabiduría, virtudes y con la ética de hacer a los demás lo que queremos que hagan con uno mismo.

NO TODO PARA UNOS POCOS CORRUPTORES CAPITALISTAS Y SUS SERVILES CORRUPTOS INHUMANOS.

EDITORIAL

Los imperialismos ejercen su dominación de acuerdo a sus zonas de influencia. El imperialismo yanqui, aunado al imperialismo europeo y al imperialismo japonés, es el que ejerce mayor dominio sobre el mundo, pero, es un dominio en decadencia. El imperialismo ruso que sitúa su dominio sobre algunos países de Europa oriental y de Asia que actúa conjuntamente con el imperialismo chino que fundamentalmente interviene sobre Asia, es el imperialismo en ascenso. Dado que el imperialismo yanqui domina los países de América Central, Sur y los países del Caribe, con excepción de Cuba, sufrimos su dominación. Por supuesto, que de acuerdo a quien esté en el poder en EE. UU. de Norteamérica se notan las diferencias, aunque estas no son absolutas. Por ejemplo, no es lo mismo que gobierne Joe Biden, representante de los demócratas, que Donald Trump que es un furibundo reaccionario colindante con el fascismo.

Actualmente, en Perú domina la gran burguesía, el poder es de los grandes empresarios (representados por el diario “El Comercio”), quienes avalados por el monopolio de las armas que ejercen las Fuerzas Armadas, ha desplazado a la burguesía nacional (representado por Velasco Alvarado y actualmente por el diario “La República”) . Estas dos facciones luchan por el poder, poniendo al país en una crisis sin salida. Estamos en una recesión con inflación, no salimos de la pobreza, más bien ésta ha aumentado al 30% es decir 11 millones de peruanos están al hambre. Esto es contando la pobreza monetaria, no se cuenta la pobreza física que es la falta de electricidad, de agua, etc. La educación, la salud, los servicios son un desastre, la inseguridad ciudadana se incrementa, se deja de cobrar impuestos a las grandes empresas y el presupuesto de la República disminuye. Pronto se recurrirá a los grandes empréstitos. Mientras tanto para hacer caja se recurre a las privatizaciones y a las empresas público privadas (APP).

Por lo tanto, la única solución es que un Gobierno de los Trabajadores tome el poder poniendo el país en función de sus intereses, planificando la economía estableciendo un plan de lucha que cambie la fisonomía del país.

Márlet Ríos

Al parecer la franquicia de McDonald’s en el Perú es ignorante de las normas de seguridad y salud en el trabajo, pues sus trabajadores corren el riesgo de resultar electrocutados en cualquier momento. Para Arcos Dorados los trabajadores son objetos desechables o fuerza de trabajo en obsolescencia. De este modo, incumple normas básicas y explota con total impunidad a sus “colaboradores”, haciéndolos trabajar más de 12 horas seguidas (para lograr el bono de productividad). A Moisés Cueva, extrabajador de esta franquicia, le volvió el alma al cuerpo cuando se recuperó luego de sufrir una fuerte descarga eléctrica la víspera de Noche Buena del 2023, en el preciso momento de estar limpiando en forma diligente. ¿Arcos Dorados supone que nos hemos olvidado de la trágica muerte de los dos jóvenes que resultaron electrocutados en enero de 2020 en su restaurante de Pueblo Libre? Según Cueva, los gerentes de la franquicia están al tanto de las condiciones de riesgo en la que se encuentran los trabajadores. Tal vez debamos hacerle sentir nuestra indignación en forma de boicot negándonos a consumir en sus locales. No más fast food (comida chatarra) ante esta negligencia criminal.

Miranda

Mujeres indígenas amazónicas, andinas y ecofeministas iniciaron una alianza para visibilizar los procesos de luchas en la defensa de sus cuerpos y territorios. El enfrentamiento que realizan las comunidades indígenas contra las empresas extractivistas que ingresan a sus territorios, más de las veces con el aval del Estado, es permanente, sin tomar en cuenta cómo afecta la vida de las mujeres y los hombres. La presencia de las empresas extractivistas conlleva que estas sean sometidas a una serie de situaciones que va desde la violencia sobre sus cuerpos, como el despojo de sus territorios.

En los últimos años, además de enfrentar a los extractivismos, ahora existen las economías ilegales que van en crecimiento. El Estado no asume su responsabilidad de protección a las comunidades indígenas; por el contrario, no se responsabiliza de lo que les pasa. La minería ilegal produce una serie de problemas, entre ellos, se apropia del cuerpo de las mujeres a través del secuestro de niñas, adolescentes y adultas para la trata. La denuncia que se realiza de la tala ilegal termina con la criminalización de las lideresas y la amenaza permanente, además del asesinato de dirigentes que se enfrentan en la defensa de sus territorios; otro gran problema es que estas mafias, en la mayoría de las situaciones, los obligan a abandonar sus tierras y entrar más hacia el monte. Frente a toda esta situación, la ciudadanía está ajena pensando que se trata del “problema” de los y las indígenas y no considerando el aporte en defensa de la Amazonía como un bien para la humanidad.

En el caso de las indígenas andinas, la lucha viene por la defensa del agua y las tierras agrícolas, la presencia de la gran minería que se apropia de sus territorios, de igual manera sin escrúpulos amenaza y ejerce violencia sobre las poblaciones indígenas. La contaminación del agua y el territorio ocasiona la muerte de sus animales, infertilidad de sus terrenos agrícolas y la afectación directa a la salud de las mujeres. Eso les conduce a la pobreza y a la presencia de enfermedades producto de la contaminación de metales. Tampoco es ajena la violencia de género que se ejerce por parte de los involucrados en la minería. De este modo, se propicia la trata de mujeres, el feminicidio y la violencia sexual.

Esto implica reconocer que las mujeres indígenas sufren de discriminación múltiple, a nivel individual por su condición como personas pertenecientes a pueblos indígenas; y por otro motivo como, por ejemplo: edad, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, discapacidad, condición de migrante; que el Estado no visibiliza de forma diferenciada, acrecentando las vulneraciones de las cuales las mujeres son víctimas.

La agenda de las mujeres durante estos años ha colocado en el espacio público la necesidad de reconocer su participación, estar libres de violencia, el reconocimiento a su participación en la defensa de su identidad cultural y su aporte a la defensa de la biodiversidad como guardianas del bosque y de las costumbres ancestrales.

Por esta razón, consideramos que el modelo económico neoliberal, patriarcal y colonialista solo pretende maximizar la rentabilidad del capital a costa de ignorar y sacrificar las condiciones de vida de las mujeres en sus comunidades indígenas directamente afectadas. Las empresas extractivistas solo están interesadas en la rentabilidad, no son capaces de reconocer el daño que producen en el cuerpo de las mujeres y en sus vidas. Al Estado, por su parte, tampoco le interesa la vida de las mujeres indígenas, en la medida en que son consideradas ciudadanas de segundo orden: solo le interesa demostrar que es un país rentable que apuesta por el desarrollo, gracias al extractivismo que impone a los pueblos indígenas, defensores de los bienes de la naturaleza, un modelo ajeno a su realidad.

Las mujeres organizadas en federaciones regionales y nacionales están convencidas de que, para lograr el respeto irrestricto de sus derechos individuales y colectivos, deben también articularse con otros movimientos nacionales e internacionales, para denunciar la violencia en sus comunidades y la persecución de sus lideresas defensoras de la naturaleza. Llamamos a ser parte de este proceso de lucha en defensa de la Amazonía y, especialmente, de la vida de las mujeres lideresas.

Dante Pfeiffer

Los poderes del estado empresarial supuran corrupción por todos lados y la miseria toca más puertas de los humildes y se queda a exprimirles lo poco que les queda de humanidad. Voces de las más prudentes, como el diplomático peruano Manuel Rodríguez Cuadros ha sentenciado que “el sistema político ha colapsado”¹ y no exagera, pues tenemos:

1.- Un Ejecutivo con un rosario de denuncias desde corrupción hasta asesinatos impunes. Un Legislativo capturado por radicales extremistas, en su mayoría representantes de los intereses de toda gama de burócratas, empresarios corruptores, sean ilegales, informales o legales que buscan medrar del país y sus recursos para mantener a la población vulnerable y sin derechos, como abnegados siervos coloniales. Un Poder Judicial que no se recupera de la proliferación política corrupta de “hermanitos”, “cuellos blancos” y organizaciones criminales que cooptan fiscales, jueces y abogados.

2.- Unas Fuerzas Armadas y Policiales fuertemente ideologizadas, capaces de procesar como parte de su deber la eliminación de civiles inermes, al punto de celebrar las matanzas como victorias; o filmarse “reventando” una universidad, al extremo de sentirse en un estado de heroicidad permanente, cuando en realidad están infectados de organizaciones criminales que engordan de manera alarmante y escandalosa las cifras referentes a la inseguridad ciudadana, con titulares de atracos, robos y asesinatos. La oficialidad de las FF. AA. hace muchas décadas ha ido fortaleciendo su origen de casta y actualmente se ha convertido en abiertamente deliberante y decisora de la política nacional, muchos de sus altos grados degeneran en componendas que se agudizan sin control por la facultad que tienen de ocupar escaños en el Congreso: no solo tienen el monopolio de las armas, sino que también han recuperado el privilegio de hacer política partidaria.

3.- Una Iglesia que, al margen de la gestión de donaciones y prácticas de caridad, cada vez más disminuidas, se ha recluido en sus conventos y negocios de labor social (escuelas, cementerios, terrenos, empresas, etc.); abandonando su tarea misionera y defensa de los más pobres. Esta institución también se encuentra desbordada por acusaciones de pederastia y abuso de toda índole. En el Perú, la orden de Sodalicio de Vida Cristiana no solo regurgita delitos de pederastia, violencia física y sicológica, sino que está inmiscuida en lavado de activos, usurpación de grandes extensiones de tierras y cuenta con poderosos vínculos en los distintos estamentos del poder en el país.

Entonces, si tenemos los poderes capitalistas que hieden miasmas en un estado de decadencia general ¿por qué los trabajadores no irrumpen en protestas masivas, derriban gobiernos y ponen a representantes de su clase en cada estamento de la sociedad?

Es que los trabajadores no solo hemos sufrido sistemáticamente los golpes cada vez más agresivos y violentos por parte de los gobiernos de turno, no solo no tenemos partidos políticos que representen a la clase trabajadora, sino que se nos soslaya o ignora. La ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante, la del pragmatismo neoliberal, la del “empredendurismo”, la del arribismo, la del ultraindividualismo, y la ignorancia supina, luego de 30 años, ha hegemonizado todos los espacios de organización de los trabajadores, corrompiendo sus filas, generando confusión y desmoralización. El derrumbe del socialismo real, la caída del estalinismo o socialismo en un solo país (y por lo tanto en ningún otro), la del burocratismo sindical en el mundo; y en el Perú, el levantamiento armado de los 80 de una organización reaccionaria y sectaria arropada de verborrea revolucionaria, han contribuido a la desorganización y desilusión de los trabajadores.

Nos encontramos en un retroceso y repliegue que no podemos remontar:

A. La caída y el encarcelamiento irregular del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 –que por ser de extracción campesina y sindical fue aborrecido desde el primer día de gobierno por los poderes fácticos– provocaron un estallido popular a nivel nacional. De este modo, fueron campesinos y trabajadores precarios los que se aglutinaron en las calles, pero los sindicatos de trabajadores fueron los grandes ausentes. El Gobierno optó por movilizar al Ejército y la policía provistos de armamentos letales de largo alcance con órdenes de matar, y con un discurso constante de satanización a los protestantes, apoyado por los principales medios de comunicación, calificando a los manifestantes de “terroristas”. El saldo: incontables heridos y más de medio centenar de muertos, acallando, con el terror, las protestas populares.

B. Las organizaciones políticas protestantes y disconformes no se reúnen en la actualidad por un programa, sino bajo un caudillo, sea Antauro, que conforma esa derecha populista de corte racial y fascista; o algunos que toman el nombre de Pedro Castillo ocultando sus intereses de clase; y otras organizaciones que buscan juntar a pequeños empresarios (comerciantes) o trabajadores bajo un programa gaseoso y vacilante; todas estas organizaciones no tienen el fin prioritario de forjar poder popular, sino surgen con estrictos fines electorales, a sabiendas de que los organismos electorales terminarán copados por el actual poder corrupto. En general, la gran mayoría de organizaciones políticas prefieren defender alguna política identitaria, sea de raza o de género; y se colocan en una posición “posmarxista”, rechazando la teoría marxista acusándola de reductiva y totalizadora, que no los defiende del patriarcado, del racismo y que niega la diversidad cultural², atomizando en la práctica y diluyendo aún más, la lucha popular.

C. Los sindicatos en la práctica han dejado de defender a la clase, salvo excepciones, defienden con tanta desesperación sus intereses personales, gremiales o de afiliados al punto de provocar enfrentamientos entre gremios en el sector estatal; u oponerse, en el sector privado, a que los beneficios económicos logrados en un pliego se puedan extender a los no sindicalizados, que son la mayoría de trabajadores; reculando a los principios con los cuales se originó el sindicalismo en el mundo.

D. Los trabajadores en general se encuentran abocados a sus trabajos o labores rutinarias de sobrevivencia o de desarrollo individual trabajando largas jornadas con sobretiempos; impotentes de prever o reaccionar al copamiento desembozado de poderes por parte de la lumpemburguesía o a un agudizamiento mayor de la pobreza y posibles explosiones inflacionarias. La percepción de que hay esperanzas en este sistema capitalista, a pesar del descalabro social y ambiental, todavía es medianamente alta.

E. Se sigue manteniendo, a pesar de la caída del régimen fujimorista, por más de 30 años la Constitución aberrante del 93, parchada descaradamente por el lumpemempresariado; manteniéndose una fuerte tendencia antipartido, que ha contribuido en la desorganización por parte de los trabajadores, por lo tanto, no hay ningún contrapeso y por eso la abierta corrupción, materializada en la unión de partidos extremistas conservadores y reaccionarios conocidos como “fujicerronistas” y no tienen ningún contrapeso político. Las diversas organizaciones populares, que han surgido desde este milenio, han estado abocadas al inmediatismo, a la carrera electoral, buscar alguna “cuota de poder” o simplemente un puesto en el sector público y hasta el momento no han cuajado como el contrapeso necesario para hacer frente a la burguesía o gran empresariado.

Nos encontramos en un estado que Gramsci lo definía como crisis orgánica, que es el punto en que los grupos sociales se separan de los partidos, la clase dominante se deslegitima y hay una crisis estatal en su conjunto; entonces el campo queda abierto a situaciones de fuerza, a la actividad de potencias oscuras representadas por hombres providenciales o carismáticos³, en nuestro caso por supuesto que no estamos en una situación revolucionaria, sino para perjuicio de los trabajadores, es la consolidación de la reacción, ya que el carácter más o menos revolucionario está dado por el nivel previo de autonomía y organización de la clase obrera, que actualmente se encuentra en una crisis de identidad.

¿QUÉ HACER?

Debemos fortalecer las organizaciones populares, sindicales, organizaciones de base, educándonos, formando cuadros políticos, fomentando actividades de apoyo mutuo y solidarias, de prensa sindical y popular, actividades culturales y coordinadoras de lucha que fomenten e incluyan en sus filas a organizaciones de trabajadores, es decir, desarrollar la conciencia de clase evidentemente debilitada por las tendencias disgregadoras arriba expuestas, sincerar la participación popular por medio del debate político, que no nieguen la participación de partidos políticos que sean favorables a los intereses de los trabajadores por encima del capital, rechazando de plano organizaciones empresariales; lo que no significa que no se pueda apoyar algún sector empresarial, ya que la situación actual amerita que no seamos indiferentes a la lucha interburguesa; analizando las consecuencias del apoyo o indiferencia que optemos, apoyar al sector menos cruel, que sea respetuoso de las formas, pero nunca que forme parte orgánica de nuestras filas; podemos luchar juntos en alguna causa común; sin embargo, no debemos permitir que ingresen a nuestras organizaciones, porque su poder inherente al capital corromperá y cooptará dirigentes populares de lo que tenemos desdichadas experiencias.

Los distintos partidos políticos favorables a los trabajadores deben participar de estas coordinadoras contribuyendo con la formación política de las organizaciones de trabajadores y puedan formar los cuadros políticos que necesitamos, cuajados en las discusiones teóricas y en las prácticas de lucha, antes de pensar en alguna carrera electoral y oportunista. Una medida favorable a los trabajadores, por ejemplo, es abocarnos en una lucha conjunta por alcanzar la renta básica universal que el desarrollo de las fuerzas productivas exige, así como la escala móvil de salarios y horas de trabajo; sin descuidar la defensa del medio ambiente para proteger el planeta de la depredación y expropiación por capitales privados.

Estas prácticas madurarán nuestra conciencia de clase con la consiguiente conformación de innumerables asambleas populares, que nos permitirá forjar ese poder popular encaminado a cumplir el deber histórico de lograr un Gobierno de trabajadores con una estructura política de democracia real e inclusiva, que ineluctablemente enterrará la estructura de democracia burguesa exclusiva y excluyente, que actualmente nos domina, discrimina, corrompe y nos mata.

Mientras tanto, para evitar que las organizaciones más reaccionarias y conservadoras ya corrompidas por el sistema logren construir poderosos feudos corruptos y dañinos tanto en provincias como en la capital, debemos apoyar a los representantes que defienden el espíritu de justicia en la legalidad burguesa y están medianamente a favor de una mejor distribución de la riqueza, contra la gran mayoría empresarial que busca crear sus propias leyes injustas, feudales y caóticas.

NOTAS:

1 Programa “A pensar más con Rosa María Palacios” del 13/05/2024 transmitido por Radio Santa Rosa.

2 Mark Coeckelbergh, La filosofía política de la inteligencia artificial. Ediciones Cátedra, 2023.

3 Juan Dal Maso. El marxismo de Gramsci. 1ra ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ediciones IPS 2019.

José Antonio Lapa Romero

Southern ha tenido y tiene un comportamiento obsesivo-compulsivo y una inmensa frustración con relación al proyecto Tía María, que ha conllevado imponer el proyecto desplegando la represión y la coerción estatal; poniendo en funcionamiento una enorme maquinaria de clientelismo y asistencialismo minero, y realizando permanente lobby en la institucionalidad estatal y representación política. La razón fundamental de la enfermiza insistencia está relacionada a los millones de dólares invertidos por casi dos décadas de proyecto frustrado y los efectos que produciría a la empresa el anuncio de paralización o inviabilidad del proyecto minero en el casino financiero donde cotiza, lo que la fuerza a insistir y a inventarse una legitimidad inexistente de manera permanente. No obstante, en una muestra de no memoria, esta transnacional olvida, de manera intencionada y consciente, la extendida violencia sobre los ciudadanos del valle de Tambo, la violación a los derechos humanos y las heridas abiertas aún no cerradas; mientras se presenta en el espacio público nacional e internacional como una empresa responsable socialmente y respetuosa de los derechos humanos.

La afirmación de los funcionarios de Southern de que las «condiciones sociales han mejorado» y que vienen trabajando de manera ardua con la población del valle de Tambo muestra esta realidad distorsionada que suele presentar para el público ingenuo, con la finalidad de construir cierta legitimidad inventada. Porque lo que sí viene ocurriendo en el valle de Tambo es la puesta en funcionamiento de la maquinaria de clientelaje y asistencialismo a través de empleos temporales, obras por impuestos, donación de abonos, acceso a cosechadoras de arroz, servicio de fumigación, atenciones de salud y la donación de mochilas para los niños de las escuelas, y regalos en las festividades y un largo etcétera que busca comprar la voluntad de los ciudadanos; y también, claro está, la maquinaria de cooptación a través de la captura de medios que se intensifica en momentos de mayor oposición y supuestas dirigencias capturadas y alineadas a los intereses de Southern. Es decir, han tejido relaciones mediadas por dinero con el objetivo de seguir inventándose una supuesta mayor aceptación del proyecto minero, bajo la denominación de «mejores condiciones sociales».

Así, la negada legitimidad y “mejores condiciones sociales” se ha vuelto a evidenciar en un reciente sondeo (inicios de mayo), realizado en los distritos de Cocachacra, La Punta y Dean Valdivia, el cual muestra que el 94 % no quiere el proyecto porque va a destruir la agricultura y va a contaminar el agua y las personas del valle, 4 % sí quiere el proyecto y un 2 % no opina. La respuesta de más de 300 entrevistados muestra una línea de continuidad con los resultados de la consulta popular del 2009 cuando el 96 % de la población manifestó su rechazo al proyecto minero de Southern. Es decir, hay un amplio sector social diverso cuya postura es inamovible y que se resiste al proyecto, a pesar de la debilitada representación social a partir de la criminalización y la violencia desplegada por el Estado.

Entonces, los anuncios de Southern de iniciar operación los próximos meses porque tienen “mejores condiciones” para el cual han trabajado “duramente” constituye una realidad inventada y abre el escenario para un potencial conflicto en un valle que continúa resistiendo y esperando justicia frente a la impunidad y la violencia producida contra sus ciudadanos durante casi dos décadas de enfermiza insistencia por parte de la empresa y el Estado, que hasta ahora ha olvidado su rol de garante de derechos y ha afirmado su rol de promotor de los interés mineros. Esto se ha intensificado con el actual ministro de Energía y Minas y el Gobierno, en un escenario de precios altos de los minerales que los empuja a intentar sacrificar nuevos territorios en el Perú.