Sebastián

Bajo la defensa de la autonomía del Poder Judicial y proclamando defender el Estado de derecho La Junta de Fiscales Supremos y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales del Perú, acuerdan:
1.-Rechazar las contrarreformas aprobadas por el Congreso.
2.-Estar en contra de atentar el orden constitucional.
3.-Estar en contra de afectar la Autonomía del Ministerio Público.
4.-Cuestionar la desaparición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
5.-Estar en contra de la modificación del Código Penal.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado la suspensión de la discusión de la “ley de amnistía”. Por su parte la expresidenta del TC Marianella Ledesma invocó la aplicación del artículo 46 de la Constitución que es el derecho a la Insurgencia. Los trabajadores deben impulsar la lucha democrático burguesa, a la vez que levantan sus propias consignas:
1.-Gobierno de los Trabajadores.
2.-Abajo la dictadura cívico -mlitar de Dina Boluarte.
3.-Cierre del congreso.
4.-Asambleas Populares que erijan el Gobierno Provisional.
5.-Asamblea Constituyente.
6.- Libertad para Pedro Castillo y demás presos políticos.
7.- Sanción a los asesinos de 70 manifestantes y la urgente indemnización a sus familiares y a los más de 700 heridos.

Cuando el Estado peruano no ha terminado de dotar de agua a todo el país, se calcula que de 7 a 8 millones de peruanos no tienen acceso al agua (según la ONG Oxfam) a nivel nacional. Casi una cuarta parte de peruanos están expuestos a la insalubridad y las enfermedades entre ellas la diarrea y, en consecuencia, deficiencia alimentaria. Cuando el Estado peruano aún no termina la infraestructura para instalar el agua con eficiencia, calidad y extensión permanente del agua, se plantea su PRIVATIZACIÓN mediante el DL 1620. Se pretende, en suma, dividir la infraestructura de Sedapal en tres partes, para de esa manera privatizarla mejor. Dicen que no se privatizará porque será una Asociación Publico Privada (APP), pero ya sabemos que lo público (el Estado) es poner el dinero y lo privado es que se llevan las ganancias. Ellos saben que la privatización en otras partes del mundo fracasó, por eso crean una APP para que el Estado garantice las inversiones y los privados se lleven las ganancias. Por tanto, convierten un bien de servicios estatal en un bien de lucro privado. Además, al privatizar el agua, el DL 1620 también privatiza sus fuentes como son ríos, lagos, aguas subterráneas, cuencas hidrográficas de agua, etc.

El artículo 7 de la actual Constitución establece que: “El Estado reconoce el derecho humano universal y progresivo de toda persona de acceder al agua potable. Garantiza este derecho priorizando el consumo sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”. Por lo tanto, la única manera de hacer válida toda su perogrullada de la privatización del agua es modificando la actual Constitución con sus consabidas maniobras a que ya nos tienen acostumbrados.

Hasta ahora la lucha contra la privatización del agua la ha estado llevando solamente el sindicato de SUTESAL, ¿qué pasa con la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable, FENTASE, que hasta ahora está pintada en las vitrinas durante años?, y ¿qué decir de la CGTP? que hasta ahora no dice nada tampoco. Es una vergüenza estas centrales, bastaría un paro general contra la privatización del agua para que el Estado depierte de su modorra.

Por otra parte, como producto de la inversión privada en las minas, esta ha dejado abandonados en todo el territorio nacional cientos de relaves mineros cuyo costo debe correr a cuenta nuestra: es la política de Pepe el vivo. Pues bien, uno de esos relaves está cerca a San Mateo, es el relave de Tamboraque que está situado a pocos metros del río Rímac y amenaza contaminarlo. Hasta ahora Sedapal no ha hecho nada al respecto.

Márlet Ríos

Desde esta tribuna queremos denunciar las tropelías que se vienen cometiendo en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Decana de América. Al parecer un viento macartista e inquisitorial está dejando estragos y una de las primeras víctimas es la docente Rosa Carbonel Apolo (con una vasta experiencia como profesora, desde 1982), quien no fue ratificada como docente principal. Asimismo, se ha retirado –unilateralmente– el curso de Literatura infantil y juvenil. Los representantes del tercio estudiantil también han denunciado la actitud autoritaria del actual decano, doctor Gonzalo Espino. Con total desparpajo, en el último consejo de facultad vía Facebook, la máxima autoridad habló de “actos de terrorismo” que estarían detrás de actividades culturales de los alumnos de la facultad. Esto a raíz de un reciente evento cultural (proyección de un documental sobre libre mercado) interrumpido por las autoridades. Nuestra solidaridad con la poeta y profesora Rosa Carbonel y con los estudiantes.

Miranda

En estos últimos días hemos sido testigos de cómo se afianza el Estado conservador y fundamentalista del gobierno de Dina Boluarte, que no solo asesina indígenas y campesinos, sino que, a través de su Ministerio de Salud, ha publicado el Decreto Supremo 009-2024-SA, para denigrar una vez más a la comunidad LGTBIQ, recurriendo a artimañas para poner en vigencia algo como el CEI-10 que la OMS ya declaró obsoleto. Lo que quieren es perpetuar la patologización y la estigmatización de las identidades y las orientaciones sexuales, declarándolas enfermedades mentales. Hoy está vigente en el mundo, desde el 2019, el CEI-11 que aprobó la OMS en categorías diagnósticas y no trastornos mentales.

Mientras en otros países de la región están reconocidos todos los derechos para la comunidad LGTBIQ, en nuestro país retrocedemos 30 años. Esto no es una cuestión aislada, esta es parte de toda la arremetida que viene realizando la iglesia pentecostal a través de sus múltiples representantes que tienen en espacios de poder del Estado. En el Poder Legislativo no solo han archivado las propuestas de ley, sino que utilizan este espacio para derogar toda la política pública que fue la lucha de más de 40 años del movimiento feminista. Es impresionante como durante este año tenemos derogadas leyes como el uso del lenguaje inclusivo, la no enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos y la modificación de la ley de violencia. La propuesta de ley de matrimonio igualitario y la del reconocimiento del nombre simplemente han sido archivadas.

Negar la existencia de personas con una identidad diferente a la que propone la heteronormatividad para los fundamentalistas políticos religiosos va contra los preceptos de Dios. Y va en contra de reconocer su dignidad como personas y ciudadanos. Esta normatividad generará una situación devastadora contra la comunidad LGTBIQ, porque verá restringida la atención médica y los servicios de salud integral.

Este gobierno autoritario, conservador y fundamentalista lo que genera con este decreto supremo es perpetuar una visión arcaica que margina y hace blanco de agresiones físicas, emocionales y sociales a las minorías sexuales. Por eso debemos exigir su derogatoria y exigir el respeto irrestricto a los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ.

Exigimos la derogación del DS 009-2024-SA.

Pepe Velasco

El bien común humano está constituido por todo lo que es de dominio de nuestra especie, son todos los recursos naturales, lo producido por nuestro trabajo material y espiritual, prehistórico, histórico, económico, cultural y socialmente acumulado. Es para generar vida, regenerarla, sustentarla, mantenerla y revitalizarla; es para toda nuestra especie sin exclusión.

El bien común es universal, está constituido por todos los bienes existentes que provienen de la naturaleza. Somos parte del bien común universal.

Debemos recorrer el camino inverso, desde cuando trastocaron su finalidad; debemos recuperar el bien común de la especie humana, para todos los humanos para vivir en paz y felices; y, luego o simultáneamente, recuperar el bien común universal para vivir en armonía con la naturaleza.

La madre tierra no pertenece a los humanos, menos aún a unos pocos humanos. Nosotros pertenecemos a la madre tierra, esta no pertenece a ningún humano. La propiedad privada de los medios de producción es perniciosa y se probó que es muy destructiva cuando se establece y mantiene su posesión arbitraria y en dominio, sin respetar a la Pachamama; para matarla y matar a sus hijos.

Nacimos desnudos para ser felices y debemos morir calatos después de ser felices. Vivir como humanos libres, sin temores, con sabiduría, virtudes y con la ética de hacer a los demás lo que queremos que hagan con uno mismo.

NO TODO PARA UNOS POCOS CORRUPTORES CAPITALISTAS Y SUS SERVILES CORRUPTOS INHUMANOS.

EDITORIAL

Los imperialismos ejercen su dominación de acuerdo a sus zonas de influencia. El imperialismo yanqui, aunado al imperialismo europeo y al imperialismo japonés, es el que ejerce mayor dominio sobre el mundo, pero, es un dominio en decadencia. El imperialismo ruso que sitúa su dominio sobre algunos países de Europa oriental y de Asia que actúa conjuntamente con el imperialismo chino que fundamentalmente interviene sobre Asia, es el imperialismo en ascenso. Dado que el imperialismo yanqui domina los países de América Central, Sur y los países del Caribe, con excepción de Cuba, sufrimos su dominación. Por supuesto, que de acuerdo a quien esté en el poder en EE. UU. de Norteamérica se notan las diferencias, aunque estas no son absolutas. Por ejemplo, no es lo mismo que gobierne Joe Biden, representante de los demócratas, que Donald Trump que es un furibundo reaccionario colindante con el fascismo.

Actualmente, en Perú domina la gran burguesía, el poder es de los grandes empresarios (representados por el diario “El Comercio”), quienes avalados por el monopolio de las armas que ejercen las Fuerzas Armadas, ha desplazado a la burguesía nacional (representado por Velasco Alvarado y actualmente por el diario “La República”) . Estas dos facciones luchan por el poder, poniendo al país en una crisis sin salida. Estamos en una recesión con inflación, no salimos de la pobreza, más bien ésta ha aumentado al 30% es decir 11 millones de peruanos están al hambre. Esto es contando la pobreza monetaria, no se cuenta la pobreza física que es la falta de electricidad, de agua, etc. La educación, la salud, los servicios son un desastre, la inseguridad ciudadana se incrementa, se deja de cobrar impuestos a las grandes empresas y el presupuesto de la República disminuye. Pronto se recurrirá a los grandes empréstitos. Mientras tanto para hacer caja se recurre a las privatizaciones y a las empresas público privadas (APP).

Por lo tanto, la única solución es que un Gobierno de los Trabajadores tome el poder poniendo el país en función de sus intereses, planificando la economía estableciendo un plan de lucha que cambie la fisonomía del país.

Márlet Ríos

Al parecer la franquicia de McDonald’s en el Perú es ignorante de las normas de seguridad y salud en el trabajo, pues sus trabajadores corren el riesgo de resultar electrocutados en cualquier momento. Para Arcos Dorados los trabajadores son objetos desechables o fuerza de trabajo en obsolescencia. De este modo, incumple normas básicas y explota con total impunidad a sus “colaboradores”, haciéndolos trabajar más de 12 horas seguidas (para lograr el bono de productividad). A Moisés Cueva, extrabajador de esta franquicia, le volvió el alma al cuerpo cuando se recuperó luego de sufrir una fuerte descarga eléctrica la víspera de Noche Buena del 2023, en el preciso momento de estar limpiando en forma diligente. ¿Arcos Dorados supone que nos hemos olvidado de la trágica muerte de los dos jóvenes que resultaron electrocutados en enero de 2020 en su restaurante de Pueblo Libre? Según Cueva, los gerentes de la franquicia están al tanto de las condiciones de riesgo en la que se encuentran los trabajadores. Tal vez debamos hacerle sentir nuestra indignación en forma de boicot negándonos a consumir en sus locales. No más fast food (comida chatarra) ante esta negligencia criminal.

Miranda

Mujeres indígenas amazónicas, andinas y ecofeministas iniciaron una alianza para visibilizar los procesos de luchas en la defensa de sus cuerpos y territorios. El enfrentamiento que realizan las comunidades indígenas contra las empresas extractivistas que ingresan a sus territorios, más de las veces con el aval del Estado, es permanente, sin tomar en cuenta cómo afecta la vida de las mujeres y los hombres. La presencia de las empresas extractivistas conlleva que estas sean sometidas a una serie de situaciones que va desde la violencia sobre sus cuerpos, como el despojo de sus territorios.

En los últimos años, además de enfrentar a los extractivismos, ahora existen las economías ilegales que van en crecimiento. El Estado no asume su responsabilidad de protección a las comunidades indígenas; por el contrario, no se responsabiliza de lo que les pasa. La minería ilegal produce una serie de problemas, entre ellos, se apropia del cuerpo de las mujeres a través del secuestro de niñas, adolescentes y adultas para la trata. La denuncia que se realiza de la tala ilegal termina con la criminalización de las lideresas y la amenaza permanente, además del asesinato de dirigentes que se enfrentan en la defensa de sus territorios; otro gran problema es que estas mafias, en la mayoría de las situaciones, los obligan a abandonar sus tierras y entrar más hacia el monte. Frente a toda esta situación, la ciudadanía está ajena pensando que se trata del “problema” de los y las indígenas y no considerando el aporte en defensa de la Amazonía como un bien para la humanidad.

En el caso de las indígenas andinas, la lucha viene por la defensa del agua y las tierras agrícolas, la presencia de la gran minería que se apropia de sus territorios, de igual manera sin escrúpulos amenaza y ejerce violencia sobre las poblaciones indígenas. La contaminación del agua y el territorio ocasiona la muerte de sus animales, infertilidad de sus terrenos agrícolas y la afectación directa a la salud de las mujeres. Eso les conduce a la pobreza y a la presencia de enfermedades producto de la contaminación de metales. Tampoco es ajena la violencia de género que se ejerce por parte de los involucrados en la minería. De este modo, se propicia la trata de mujeres, el feminicidio y la violencia sexual.

Esto implica reconocer que las mujeres indígenas sufren de discriminación múltiple, a nivel individual por su condición como personas pertenecientes a pueblos indígenas; y por otro motivo como, por ejemplo: edad, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, discapacidad, condición de migrante; que el Estado no visibiliza de forma diferenciada, acrecentando las vulneraciones de las cuales las mujeres son víctimas.

La agenda de las mujeres durante estos años ha colocado en el espacio público la necesidad de reconocer su participación, estar libres de violencia, el reconocimiento a su participación en la defensa de su identidad cultural y su aporte a la defensa de la biodiversidad como guardianas del bosque y de las costumbres ancestrales.

Por esta razón, consideramos que el modelo económico neoliberal, patriarcal y colonialista solo pretende maximizar la rentabilidad del capital a costa de ignorar y sacrificar las condiciones de vida de las mujeres en sus comunidades indígenas directamente afectadas. Las empresas extractivistas solo están interesadas en la rentabilidad, no son capaces de reconocer el daño que producen en el cuerpo de las mujeres y en sus vidas. Al Estado, por su parte, tampoco le interesa la vida de las mujeres indígenas, en la medida en que son consideradas ciudadanas de segundo orden: solo le interesa demostrar que es un país rentable que apuesta por el desarrollo, gracias al extractivismo que impone a los pueblos indígenas, defensores de los bienes de la naturaleza, un modelo ajeno a su realidad.

Las mujeres organizadas en federaciones regionales y nacionales están convencidas de que, para lograr el respeto irrestricto de sus derechos individuales y colectivos, deben también articularse con otros movimientos nacionales e internacionales, para denunciar la violencia en sus comunidades y la persecución de sus lideresas defensoras de la naturaleza. Llamamos a ser parte de este proceso de lucha en defensa de la Amazonía y, especialmente, de la vida de las mujeres lideresas.